Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS*
Hay una frase acuñada por el poeta James Whitcomb que usted conoce muy bien: Si camina como pato, y grazna como pato, entonces es un pato. Bueno, en el surrealismo del Derecho Electoral mexicano, esta lógica no aplica.
En los últimos meses, hemos visto mucha actividad política, muchos eventos masivos donde se dan discursos de figuras políticamente muy visibles que evidentemente aspiran a ocupar una candidatura.
Esos eventos que se han convocado por diversos partidos políticos tanto de izquierda como de derecha (si aún podemos hablar de esa separación), tienen una característica fundamental que los separa de ser actos adelantados de precampaña: no hacen invitación al voto y no hablan de candidaturas, ni de elecciones. Es muy sencillo, omiten decir algunas palabras y eso que podría sentirse como ilegal, ahora es legal.
Ahí está un punto fino en los debates de los tribunales electorales, cuando intentan definir si es o no es. Aunque el inicio del proceso electoral es el termómetro legal, la realidad es que el impacto de estas acciones supera por mucho los calendarios oficiales. No se trata solo de un discurso aislado; hablamos de movilización de bases, posicionamiento de imagen y erogaciones económicas que muchas veces escapan a la fiscalización rigurosa.
El riesgo de normalizar esta precampaña permanente es que terminamos por aceptar una democracia de fachadas, donde el cumplimiento de la ley es solo una simulación de formas. El asunto es que no debería ser mal visto que las y los aspirantes a cargos públicos hagan actos de posicionamiento cada vez que quieran (siempre que quede acreditado de donde sale el dinero para esas actividades), pero el diseño de la normativa electoral así lo plantea, con restricciones imprecisas, y con amplias opciones de interpretación que a los partidos políticos les encanta cuando les beneficia, pero que detestan cuando no.
Y así, hay una lista de quejas de unos contra otros, porque todos hacen lo mismo, mientras reclaman al de enfrente que no lo haga. Todos se quejan publica y mediáticamente de que los órganos electorales no ponen control, y mientras hacen esas declaraciones, están haciendo eventos masivos, pintan bardas y contratan carteles enormes sobre entrevistas de funcionarios, y argumentan en su defensa que no son campañas adelantadas, pero cuando atacan al oponente, aseguran que son actos de simulación.
Hemos construido un sistema donde la astucia legal de las y los abogados pesa más que la integridad política de los aspirantes, permitiendo que la creatividad publicitaria sustituya a las propuestas reales, dejando a los tribunales en la ingrata tarea de intentar tapar el sol con un dedo jurídico.
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*Araceli Gutiérrez Cortés. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
