Morelia, Michoacán a 19 de junio del 2026.- La decisión del Instituto Nacional Electoral de remover de golpe a cinco integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán es una medida brutalmente desproporcionada que pone en riesgo la estabilidad institucional y la preparación del proceso electoral de 2027.
El diputado Juan Pablo Celis señaló que hay que dimensionar el absurdo de esta determinación, porque por una designación administrativa temporal, realizada ante la falta de titular del Órgano Interno de Control, el INE decidió prácticamente descabezar al árbitro electoral de Michoacán.
“No estamos hablando de fraude, corrupción, manipulación de votos ni alteración de resultados. Quisieron corregir una decisión administrativa dinamitando a toda una institución. Eso no es justicia electoral; es irresponsabilidad institucional.” Declaró el diputado Celis.
El propio debate dentro del INE dejó advertencias sobre las consecuencias que esta remoción puede tener para las próximas elecciones. Aun así, optaron por la sanción más extrema y dejaron a Michoacán frente a un escenario de incertidumbre que nadie puede tomar a la ligera.
“La democracia no se cuida arrancándole la cabeza al órgano que debe organizar las elecciones. Se cuida con legalidad, proporcionalidad y sentido de responsabilidad.” Agregó Celis Silva.
Desde un escritorio en la Ciudad de México no pueden tratar a Michoacán como si sus instituciones fueran desechables. Nuestro estado merece respeto.
Resulta todavía más grave que se pretenda presentar esta decisión como un simple trámite jurídico, cuando sus consecuencias son profundamente políticas e institucionales. Se removió a la mayoría de un Consejo Electoral a las puertas del proceso de 2027 y ahora se habla de sustituciones apresuradas o de que el propio INE asuma la organización.
“Primero generan el vacío y después se ofrecen a llenarlo. Eso no da certeza; genera sospechas y debilita la confianza del pueblo” Declaró.
Por último, destacó que no se está defendiendo impunidad ni diciendo que los órganos electorales no deban rendir cuentas. Pero una sanción también debe ser proporcional a la conducta que se juzga. No se puede utilizar un hacha para resolver cualquier diferencia administrativa.
“Que se revise la legalidad de la resolución, que se analice su proporcionalidad y que se corrija cualquier exceso.” Finalizó.
