Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS*
Hace unos días se viralizó un video de un influyente político de Nuevo León, Abel Guerra Garza, afirmando lo siguiente: “no se confundan, la gente vota por Clara porque es mi esposa, en la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto…”.
Clara Luz Flores Carrales, su esposa, ha sido alcaldesa de Escobedo en tres ocasiones, 2009, 2015 y 2018; fue candidata a Gobernadora en el 2021 y fue funcionaria federal en el gabinete del expresidente López Obrador. Más recientemente, el partido MORENA la designó como Coordinadora de la 4T en Nuevo León para las elecciones del 2027.
Llama poderosamente mi atención, que a estas alturas y con toda la trayectoria política que ella tiene, el esposo, quien en efecto es muy influyente, sigue asumiendo que los méritos de los cargos de su esposa siguen siendo de él. Mas allá de que la influencia del esposo sin duda la ha impulsado, afirmar que sus votos siguen siendo porque es su esposa después de 17 años de carrera política, revela un machismo estructural que se resiste a reconocer la autonomía y capacidad de la hoy candidata a la Gubernatura (aunque oficialmente le digan Coordinadora).
Sigue perpetuando la idea de que el capital político femenino es un mero anexo del patrimonio masculino. En el fondo, las declaraciones de Guerra Garza minimizan la trayectoria de Clara. Gobernar un municipio demográficamente complejo como Escobedo en tres ocasiones distintas, coordinar esfuerzos estatales y ocupar encargos a nivel federal exige la construcción de alianzas propias, toma de decisiones complejas y un capital político que no se soporta de manera sostenida a lo largo de casi dos décadas únicamente por ser esposa de.
Reducir 17 años de gestión pública a una concesión marital no solo menosprecia a la funcionaria, sino que subestima profundamente al electorado y su capacidad para evaluar resultados.
Aunque las reformas electorales y las acciones afirmativas han forzado la paridad en las boletas, la cultura política sigue anclada en dinámicas donde el mérito, la capacidad administrativa y el trabajo territorial de una mujer parecen requerir la validación por la figura de un hombre.
Este episodio es un recordatorio de que la paridad numérica en las instituciones no garantiza, por sí sola, una igualdad sustantiva. Para consolidar un modelo democrático genuino, es necesario desterrar la narrativa de la “esposa de”, “la hija de” o “la protegida de”, y exigir que el debate público valore a las mujeres en la política por el peso de sus propios nombres, por la contundencia de sus trayectorias y por sus logros al frente de los espacios de decisión.
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*Araceli Gutiérrez Cortés. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
