La Página
Por VÍCTOR ARMANDO LÓPEZ
Morelia, Michoacán.-Luego de dos años de no cumplir con la norma, y tras diversas peticiones que en ese sentido le hicieron diputados locales, el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, podría perder este cargo.
Y es que de acuerdo con el decreto 253 del Congreso del Estado de Michoacán, publicado el 27 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial (cuando estaba vigente la 74 Legislatura), desde el 15 de diciembre fue electo Aguirre Avellaneda, y desde ese momento tenía 30 días para presentar diversos requisitos para asumir ese cargo, entre ellos: Las pólizas de fianza administrativa, pero nunca lo hizo.
El pasado 17 de marzo de 2022, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 75 Legislatura del Congreso del Estado sostuvieron una reunión, en la cual acordaron que presentara la documentación que desde hace dos años y tres meses tenía que haber hecho. De ahí que le giraron un oficio con el asunto de “Requerimiento”.
Hay que recordar que a Miguel Ángel Aguirre Avellaneda fue electo en un controversial proceso, donde hubo una filtración de las respuestas del examen que en su momento se les hizo a los aspirantes al cargo de Auditor. Además de que se le reconoció como el “Auditor Carnal”, una vez que fue impulsado por el ahora exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, administración en la que se desempeñó como delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas.
Sin olvidar de que Aguirre Avellaneda fue propuesto por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 74 Legislatura
De ahí que hoy día nuevamente le requieren que entregue. 1) Acuse de recibo del escrito mediante el cual presentó al Congreso del Estado las pólizas de fianza a efecto de cumplir con el mandato legal dispuesto en el artículo 5 de la ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 2) Pólizas de fianza expedidas oportuna y puntualmente para cumplir con la obligación legal:
3) Los CFDI emitidos como consecuencia del pago de las fianzas; 4) Los pagos mediante transferencia o depósito bancario, que acrediten la contratación de tales fianzas; 5) Certificados de no gravamen de las propiedades que se hayan puesto en garantía para su otorgamiento; 6) los demás documentos vinculados con el cumplimiento de la obligación.
El oficio de la Junta de Coordinación Política se giró el 18 de marzo y se le brindan tres días hábiles al auditor superior para que remita la información correspondiente, fecha que se cumple este día. De no entregar la citada documentación, será causal para que abandone el cargo.
Aquí el decreto:
