La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Libres están los responsables de la masacre que sucedió aquel 5 de abril de 2017 en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en la cual, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reconoció 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas en la recomendación 42VG/2020.
Seis años han pasado y los responsables siguen libres; hay nombres y apellidos, pero la impunidad persiste, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) se niegue a atraer el caso y el fiscal General del Estado, Adrián López Solís, se rehúse a dejar el cargo para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.
Era un miércoles 5 de abril de 2017 y el Gobierno del Estado, a cargo de Silvano Aureoles Conejo, realizó un operativo para la recuperación de unidades del transporte privado que la comunidad tenía retenida.
Arantepacua y Capacuaro, municipio de Uruapan, mantenían un conflicto en materia indígena, y el retén de unidades fue para hacer presión a las autoridades estatales y agrarias para una solución.
El Gobierno de Michoacán ordenó un operativo a través de la Secretaría de Gobierno, que en aquel entonces encabezaba Adrián López Solís, y quien dio la instrucción para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) intervinieran en el lugar con más de 400 elementos.
La comunidad purépecha fue atacada y hoy, no existe castigo a los responsables. Inclusive, esa administración no acató las recomendaciones de la CNDH, quien reconoció y catalogó como ejecuciones extrajudiciales el asesinato de 4 personas, uno de ellos menor de edad.
Desde ese entonces a la fecha, la comunidad ha pedido la destitución de Adrián López Solís, primero como secretario de Gobierno y hoy como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), toda vez que no puede ser juez y parte, además que ésta situación no ha permitido que la FGR atraiga el caso.
Asimismo exigen cárcel a Silvano Aureoles Conejo, Adrián López Solís, Juan Bernardo Corona (quien era el titular de la SSP), Armando Hurtado, quien era subsecretario de Gobierno, Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad Pública y todos los culpables de la masacre.
El 10 de marzo de 2022, la FGR rechazó atraer el caso, nueve días después (19) los comuneros indígenas protestaron en Morelia en contra de López Solís.
Pese a que la recomendación de la CNDH se emitió en diciembre de 2020, fue hasta el 05 de mayo del 2022 cuando se iniciaron los trabajos por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quien encabeza Josué Alfonso Mejía Pineda.
Dicha dependencia identificó 750 víctimas, de quienes indicó que 60 fueron graves y 350 estaban pendientes por atender.
Además de proporcionar medidas de asistencia a las 3 viudas y a la abuela del menor de 15 años que fue asesinado ese día.
En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó otras acciones que se realizan son la unidad deportiva y el está en proyecto de ejecución un hospital, toda vez que únicamente hay clínica de salud. Además de continuar con la comunicación con los comuneros, tal y como especifica la recomendación de la CNDH.
El mandatario estatal, especificó que es urgente que Adrián López Solís se desista y separe del cargo, con el objetivo de que la FGR atraiga el tema. “Lo dije hace un año y lo vuelvo a sostener”.
