La Página
Morelia, Michoacán.-La ética pública es fundamental en el desarrollo institucional de los gobiernos, ello ante la falta de solvencia moral de los servidores públicos debido al desprestigio producido por las conductas de cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, que ocurren en la vida de las instituciones públicas, puntualizó el Magistrado del TEEM, José René Olivos Campos.
Señaló que además en estas conductas participan otros actores de carácter privado, quienes también asumen responsabilidades éticas al incidir en las conductas ilícitas, tales como empresarios, corporaciones o la ciudadanía cuando obtiene beneficios sobre asuntos de su interés, al proporcionar dádivas u otro tipo de ofrecimientos a los servidores públicos.
Lo anterior al participar como conferencista en el IX Congreso Internacional y XI Mexicano de Derecho, organizados por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la ponencia “La ética pública en materia electoral”.
El Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán destacó que ante ese panorama se han expedido códigos éticos destinados a los integrantes de los órganos del Estado, cuyos contenidos de principios y reglas resultan aplicables a cada uno a fin de guiar su conducta en la función pública, guiándose por valores éticos.
Ante un público internacional que asistió a este evento en Tlaxcala, Tlaxcala, el Magistrado José René Olivos detalló que la formación de una ética pública orienta a la sociedad por valores morales humanos universales y compartidos, que comprendan la dignidad y los derechos humanos, la justicia, la equidad social, la transparencia y la responsabilidad en la actuación pública.
En esta óptica, la injusticia, la pobreza, la corrupción, la negligencia, las dilaciones, la impunidad, la exclusión social y la segregación son amorales, pues quebrantan los valores de la ética, debido a que niegan los derechos humanos, contravienen al bienestar individual y colectivo, crean insolvencia pública y atentan con los bienes jurídicos que el Estado tutela, explicó.
En recomendación del Magistrado José René Olivos Campos mejorar la capacidad y la confianza en el gobierno depende de asumir los valores de forma compartida con los diversos actores de la sociedad, “con sentido de igualdad y libertad como principios rectores de la vida pública, para establecer compromisos morales públicos, sociales y humanos, que son necesarios como referentes para transitar de niveles de indigencia a bienestar social, de la impunidad a la justicia, de la deshonestidad y corrupción a la integridad y probidad en los actos de la autoridad”.
En este evento, celebrado durante dos días en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también participaron destacados juristas provenientes de Argentina, Ecuador, España y México, entre otros.
