Por IGNACIO HURTADO GÓMEZ *
Iniciare con una analogía muy breve. Hace años, se pensó que era necesario que los actos de los partidos políticos fueran sometidos a revisión judicial con la idea principal de que éstos se democratizaran hacia su interior, y que con ello también se respetaran los derechos humanos de los militantes de los propios partidos políticos.
Para eso se dijo que debería ser así, pues al final los partidos son entidades de interés público, reciben recursos públicos, y por supuesto que los militantes tienen derechos humanos reconocidos.
Y entonces se construyó, sobre todo a partir de la reforma de 2014, un modelo en el cual, respetando su autodeterminación y autonomía, los propios partidos políticos son los primeros en resolver internamente los conflictos que se les presentan, a lo cual comúnmente se le llama justicia intrapartidaria que se integra con sus instancias de justicia partidaria que cada uno se da.
Y ya sobre lo que resuelvan estas instancias, es que entran en acción los tribunales estatales en una revisión a las resoluciones que se emitan en esta justicia partidaria.
Pues bien, todo esto viene a este espacio, ya que tal vez sea momento de tomar prestados algunos de esos argumentos y llevarlos al ámbito de nuestra Universidad Michoacana.
Más allá de las reflexiones que desde hace años venimos haciendo en torno a nuestros procesos democráticos al interior de nuestra Casa de Hidalgo, es un hecho de que cada vez más se vuelven más complejos ante la falta de regulación al respecto, lo cual inevitablemente es uno de los factores que ha venido alimentado la judicialización de esos procesos electivos.
Y es que, desde el momento que los tribunales federales le ha reconocido el carácter de autoridad a la Universidad Michoacana, a partir de ese instante es más fácil que un juez entre a analizar actos de la universidad en el contexto de los mencionados procesos electivos de las autoridades universitarias.
Se ha de saber que a la fecha, cada vez es más habitual que los interesados acudan a esos tribunales, cada vez es más común escuchar que tal o cual aspirante o candidato promueve algún juicio de amparo en contra de alguna decisión de la autoridad.
Incluso, hace poco se hizo del conocimiento de un amparo que se otorgó en contra de un concurso de oposición en una facultad que se llevó a cabo hace varios años.
Y es en este punto en donde existe cierta coincidencia con la justicia partidista en el sentido de que sus actos son judicializables al provenir de instancias públicas, que reciben recursos públicos, y que por tanto tienen una naturaleza pública, pero que gozan de autonomía y autodeterminación.
Pero en donde difieren, y es aquí en donde quiero centrar la reflexión, es en el hecho de que si bien en los partidos existe la justicia partidaria, y en la universidad existe un tribunal universitario; es un hecho que se hace necesario fortalecer a este último.
Particularmente, creo que es necesario revisar su competencia, establecer en qué casos puede conocer, y establecer qué actos pueden ser impugnables ante dicha instancia universitaria.
Es evidente que los beneficios pueden ser varios, aunque específicamente yo destacaría solamente dos de ellos:
El primero tendría un sentido técnico, en cuanto a la posibilidad que podría existir de que todos los actos universitarios, primero puedan ser revisables por las autoridades universitarias (el tribunal) con criterios universitarios, con un sentido de autonomía y autodeterminación, y solo después de que la ropa posiblemente sucia se lave en casa, entonces se abriría la posibilidad de acudir a los tribunales estatales, quienes solamente se limitaría a revisar la legalidad de las resoluciones que emita el tribunal universitario, dejando el estudio de primera mano precisamente al tribunal universitario.
El segundo igualmente importante, o tal vez un poquito más, es que estoy plenamente convencido de que en el momento en que fortalezcamos la justicia universitaria, en esa medida, sin lugar a dudas, fortaleceremos la democracia universitaria y el respeto irrestricto de nuestros derechos universitarios. Al tiempo.
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- Ignacio Hurtado Gómez. Es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido asesor del IFE (ahora INE) y actualmente es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
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