La Página
- El Poder Judicial un grupo de trabajo implementador del nuevo Código
Morelia, Michoacán, 25 de junio de 2024.-El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), que deberá entrar en vigor antes del 1 de abril de 2027, tiene entre sus objetivos establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias en las materias que regula; así, independientemente de la entidad en que se tramite un litigio civil o familiar, siempre se atenderá a lo previsto en ese ordenamiento único, lo que abona a la seguridad jurídica en pro de las personas justiciables.
Se sustenta en un sistema de justicia oral, con aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, continuidad, concentración e igualdad. E implica modelos de gestión compatibles precisamente con la oralidad, con tendencia a la extinción de expedientes físicos. Asimismo, exige actualización en modelos de administración de justicia con la posibilidad de implementar sistemas, plataformas y herramientas sustentadas en las TIC´S.
De igual forma, regula la obligación de realizar acciones compatibles con derechos humanos como la designación de apoyo de intérpretes y defensores especializados; procedimientos y expedientes traducidos a lenguas originarias; así como atención especial tanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como a la solución del conflicto de fondo, sobre la formalidad.
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Con el compromiso de fortalecer el sistema de justicia en el estado, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, impulsó la creación de un grupo de trabajo para planear y coordinar la implementación del CNPCyF, conformado por una magistrada civil, un consejero, una jueza familiar, un juez civil, y personal técnico, quienes se reúnen a planificar y analizar las acciones necesarias para el fin buscado.
Actualmente, dicho grupo trabaja en la elaboración de diagramas de flujo o flujogramas de los diferentes procedimientos jurisdiccionales que regula el nuevo ordenamiento en ambas materias que, eventualmente, con un estudio de tiempos y movimientos, permitirá hacer un diagnóstico de cargas de trabajo y requerimientos necesarios para la estrategia de instrumentación, lo mismo que determinar un modelo de gestión y elaborar la documentación inherente a la descripción de puestos y manuales de funciones.
El nuevo Código implicará un parteaguas en la administración de justicia civil en la entidad. Si bien, desde 2015 se regularon y ya se substancian oralmente los procedimientos familiares, hasta ahora no había ocurrido lo mismo con la rama civil.
Entre las novedades a destacar, exigirá establecer juzgados con competencia para tramitar juicios bajo la modalidad de procedimiento en línea; conllevará implementar modelos de gestión compatibles tanto con la oralidad, como con la justicia digital; posibilitará la resolución de recursos de apelación contra sentencias definitivas por un tribunal pluripersonal o colegiado, no exclusivamente unitario, como hasta ahora ocurre; y facilitará tanto la presentación de demandas y documentos o escritos posteriores como su firma, de manera electrónica.