La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Con la disyuntiva “proteger a las víctimas o a los victimarios”, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se fue nuevamente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que buscan desaparecer la figura de prisión preventiva oficiosa. Tan solo en Michoacán, subrayó, sería poner en libertad a 3 mil 862 personas acusadas de delitos graves y que hoy llevan un proceso en prisión.
Si bien reconoció que se trata de una ley retroactiva, aclaró que no tendrá validez de manera automática, pero en caso de que los ministros voten a favor de la desaparición de dicha figura, “habrá una lluvia de amparos” que pondría en libertad a los 3 mil 872 reos que hoy están acusados de algún delito. “Se desbordará la incidencia delictiva, no habría forma, sería un tema catastrófico”.
Refirió que será el 5 de septiembre cuando los ministros atiendan el amparo y las dos controversias constitucionales que se tienen en el tema. La propuesta es, dijo, eliminar la medida cautelar, “que representaría elevar toda asta bandera la impunidad en el sistema de justicia mexicano”.
Es decir, precisó, los reos enfrentarían en libertad sus procesos judiciales, en los delitos de abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; cometidos con medios violentos como armas y explosivos; y en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de fuerzas armadas.
Por lo que invitó a los ministros de la Corte a escuchar a las víctimas y, en el caso de Michoacán, resaltó, “no será ajeno ni callará ante una situación como esta; conocemos los michoacanos las consecuencias de la violencia y el conflicto armado. Nos llevaría a una catástrofe de impunidad”.
De acuerdo a información que proporcionó Gobierno del Estado, de enero a julio de 2022 se han abierto 3 mil 624 carpetas de investigación, es decir, 12.51 por ciento más a comparación del mismo periodo en 2021 que se registraron 3 mil 221.
En cuanto a mandamientos juridiciales cumplimentados, del 26 de enero al 30 de junio del presente año van 706, es decir, 65.7 por ciento más a comparación del mismo periodo en el 2021.
Y en sentencias condenatorias, de enero a julio de 2022 van 217, 26.9 por ciento más que el mismo periodo que el año pasado que se registraron 171.
