La Página
Morelia, Michoacán.-Este día el Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder
Judicial de Michoacán, presentó su informe de actividades 2020. Te compartimos su mensaje íntegro a continuación.
Señoras y señores:
Agradezco su presencia, no obstante las condiciones sanitarias que prevalecen en el Estado.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 17 fracción VII, y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a nombre de la institución, y ante los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, rindo el informe 2020 del estado que guardan la impartición y administración de justicia en Michoacán.
Complejo, difícil y excepcional, el año judicial del que hoy se da cuenta, estuvo marcado, en su mayor parte, por la contingencia global de naturaleza sanitaria que aún afecta a México y a nuestra entidad federativa.
La pandemia ocasionada por la rápida propagación de la COVID-19, y cuyos costos y sufrimientos todavía no podemos asimilar en su totalidad, ha planteado a todas las instituciones, una serie de desafíos inusuales y extraordinarios.
De manera específica, la judicatura estatal ha debido hacer ingentes esfuerzos y coadyuvar con las instancias sanitarias, en la medida de lo posible y conforme a las atribuciones previstas en nuestro marco normativo orgánico, a fin de mitigar y disminuir las posibilidades de contagio.
Con ese objetivo primordial, y tratando de preservar al máximo la salud de las y los servidores públicos que integran tanto los órganos judiciales, como las áreas administrativas, así como de las y los operadores jurídicos y la ciudadanía en general que acude a las diversas sedes jurisdiccionales, se adoptaron decisiones difíciles, pero motivadas por la preocupación de conservar valores que son esenciales para la supervivencia de las personas.
En este sentido, mi reconocimiento al profesionalismo y la disponibilidad, de la Consejera y los Consejeros, para concretar las medidas más adecuadas y pertinentes frente a los desafíos generados por la pandemia.
Sin embargo, a pesar del complicado contexto que vivimos, el Poder Judicial mantuvo firme el espíritu constitucional, que dispone y garantiza el acceso de los particulares, a los mecanismos procesales previstos en la propia Ley Fundamental.
Por ello, puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la impartición y administración de justicia en el Estado siguió su curso a lo largo del periodo judicial próximo pasado.
Plenamente conscientes de que la tutela judicial efectiva es una de las prerrogativas más importantes de las que integran la esfera jurídica de toda persona, se hizo todo lo posible, a fin de no suspender, en lo esencial y urgente, las actividades de la judicatura michoacana.
Si bien a partir del 18 de marzo del 2020 se determinó limitar la prestación del servicio público de impartición y administración de justicia, ello no impidió el puntual acatamiento a lo dispuesto por la Constitución Federal, la del Estado y los instrumentos convencionales internacionales vigentes, pues continuó brindándose el acceso a la instancia judicial en aquellos supuestos y materias que, por ningún motivo, deben dejar de tramitarse.
Atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y en los períodos temporales pertinentes, bajo la estricta supervisión del Consejo del Poder Judicial, paulatina y progresivamente se retomaron las actividades, prácticamente en su totalidad, a partir de agosto y hasta la conclusión del año que se informa.
Muestra de ello, son las cifras y los datos estadísticos que acaban de ser mostrados en la relación videográfica proyectada, y constituyen evidencia del compromiso de quienes integramos la judicatura estatal, para cumplir las demandas de justicia de las y los michoacanos.
Así, un poco más de 53 mil asuntos fueron concluidos, tanto en primera y segunda instancia, en las diversas materias que abarcan nuestras competencias y facultades, como mediante la aplicación de mecanismos de justicia alternativa.
Cabe señalar que dicha cifra, no incluye los acuerdos pronunciados en los distintos actos procesales, más numerosos ciertamente, y también indispensables para la buena marcha de nuestra función.
Asimismo, en el ámbito específico del proceso penal acusatorio y oral, cerca de 11 mil audiencias fueron desahogadas con el auxilio de la tecnología virtual.
Es por ello que reconozco la puntual dedicación y el cumplimiento responsable de las y los servidores públicos de la judicatura para mantener los más altos estándares impartiendo y administrando justicia, aún en el delicado contexto que implicó la emergencia sanitaria.
Magistradas y magistrados, juezas y jueces, así como todo el personal jurisdiccional y administrativo, supieron honrar, con su empeño y perseverancia, las exigencias de la alta responsabilidad de concretar, a través de su labor, el imperio de la ley y el Estado de Derecho.
Por parte del Consejo del Poder Judicial, se continuaron las acciones destinadas a fortalecer las áreas jurisdiccionales con mayor demanda social.
Así, en el ámbito de la justicia familiar, se pudo concretar la apertura e inicio de funciones del Juzgado Octavo Oral Familiar, en este distrito judicial de Morelia.
De igual forma, por lo que corresponde al sistema de justicia penal acusatorio y oral, puedo informar que también se iniciaron las actividades en la Subregión de La Piedad. Con ello, se satisface el requerimiento de atender la alta carga laboral de la Región Zamora, optimizando los procedimientos que se desarrollan en dicha área geográfica.
Cabe destacar también, la entrada en funcionamiento, el 16 de febrero pasado, de las nuevas salas de oralidad contiguas al Centro Penitenciario de Zamora.
Con una adecuada inversión en la infraestructura, así como en el respectivo equipamiento tecnológico, con estas instalaciones se evitará el traslado de los detenidos al centro de la ciudad, reforzándose con dicha acción la seguridad y el orden.
Bajo la estricta supervisión del Consejo del Poder Judicial, se concluyeron las obras complementarias en el inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad anexas al Centro de Reinserción Social “Licenciado David Franco Rodríguez”, en la localidad de Charo, cuya entrada en funciones se concretará en fecha próxima.
Con satisfacción, informo que se terminaron los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial de Sahuayo, misma que constará de dos salas de oralidad y tres juzgados de primera instancia.
Reitero mi agradecimiento al Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado, por su apoyo incondicional para llevar a buen término dicha obra, así como también al Arquitecto Jesús Gómez Gómez, Presidente Municipal, por la iniciativa y acompañamiento que dio a la misma.
Durante 2020, se manejaron con especial cuidado, los recursos presupuestales autorizados por el Honorable Congreso del Estado.
Conscientes de la necesidad de racionalizar y optimizar los medios financieros y materiales con los que el Poder Judicial del Estado cuenta, se priorizó el gasto en aquellos aspectos que mejor contribuyeron a garantizar la prestación de un servicio público de calidad, acorde a las expectativas de la ciudadanía.
Manteniendo nuestro compromiso con una administración transparente, la asignación y distribución del presupuesto se hizo con base en criterios de pertinencia y eficiencia.
En particular, la gestión del Fondo Auxiliar para la Administración Justicia, fue objeto de un estricto control, a fin de poder entregar buenas cuentas.
De forma similar, todas las adquisiciones, licitaciones y contrataciones que se desarrollaron, cumplieron con los estándares más exigentes de control presupuestario.
En el Poder Judicial del Estado, entendemos la difícil situación que, en general, atraviesa nuestro país y, en particular, nuestra entidad federativa.
En tal virtud, mantuvimos un diálogo permanente y fluido con los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cooperando y coadyuvando en lo posible, y en el marco de nuestras competencias y atribuciones, tanto constitucionales como legales.
La política de puertas abiertas que identifica al Poder Judicial del Estado, continuó a lo largo del período de actividades del que se da cuenta.
A través de mecanismos virtuales, se sostuvo contacto con organizaciones tanto públicas como privadas, garantizándose la presencia de la judicatura en diferentes eventos y reuniones, tal como se consigna en detalle en el informe que ya está disponible en nuestro portal de internet.
Se atendieron las peticiones de las distintas asociaciones y colegios profesionales de abogados, de las instituciones académicas y educativas, que propusieron acciones conjuntas para consolidar los vínculos que mantenemos.
Aspecto que resulta pertinente consignar en este informe, lo constituye el diálogo, fluido y respetuoso, que se tuvo, con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado.
En la medida de las posibilidades, se atendieron los planteamientos hechos por la base trabajadora, teniendo siempre presente el bienestar de nuestros valiosos recursos humanos.
Señoras y señores:
Las condiciones en que este acto de rendición de cuentas se realiza, subrayan que vivimos tiempos precarios y difíciles.
No sólo es la ausencia física en este auditorio de quienes asistían, en calidad de invitados, o las medidas preventivas; es también la incertidumbre frente al cambio drástico que ha supuesto la expansión de una enfermedad de consecuencias no únicamente sanitarias, sino también de insoslayables efectos en la economía, en la educación, y en las relaciones sociales y familiares.
Las bases mismas de la convivencia han sido afectadas de tal manera, que es complejo asimilar un año de cambios vertiginosos.
Sin embargo, las circunstancias han servido para templar nuestra reciedumbre y resiliencia.
Ante los grandes retos que implica la adaptación al nuevo contexto social, mientras esperamos el regreso a la normalidad, nos fortalecemos como sociedad.
En la judicatura michoacana estamos convencidos de que la esperanza se construye con el trabajo cotidiano, con el profesionalismo y la transparencia, con la honestidad y la integridad.
Por ello, reitero mi reconocimiento a las y los servidores públicos que integran las instancias judiciales y las áreas administrativas del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, por su entrega y dedicación, manteniendo los valores y principios que nos caracterizan como institución.
Los datos mostrados en este informe, permiten que la sociedad michoacana tenga la seguridad y la certeza que sus juezas y jueces y quienes integramos el Poder Judicial del Estado, seguimos cumpliendo cabalmente con nuestra responsabilidad.
Pese a las adversidades, mantenemos el compromiso de servir, impartiendo y administrando justicia, escuchando y resolviendo las causas que se nos plantean, haciendo que la jurisdicción cumpla con el ideal, inmortalizado por Morelos en un contexto igualmente aciago, de defender y proteger a todo aquél que se queje contra el fuerte y arbitrario.
Muchas gracias,
Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez,
Presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
