La Página
Por VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- La militarización de la seguridad pública amenaza los derechos humanos y los organismos protectores en los estados no tendrán cabida para atender las denuncias y quejas que se presenten, porque todo recaerá en lo Nacional, puntualizó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez.
Si bien el ombudsman precisó que hay una ola creciente de violencia por civiles armados, es necesario replantear la estrategia de seguridad y más que militarizar a la Guardia Nacional, se requiere que haya un mayor estado de fuerza en las entidades, donde las policías trabajen mejor con organización, profesionalismo y el cumplimiento cabal al respecto de los derechos humanos.
En entrevista, a pregunta expresa de LaPágina Noticias, indicó que hay voces supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que han señalado que los mandos militares en asuntos civiles no son acordes al estándar de derechos humanos.
Asimismo, puntualizó que la Federación Mexicana de Organismos Protectores de Derechos Humanos hicieron un pronunciamiento, el pasado domingo, sobre esta situación, donde tres entidades, entre ellas Chiapas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se negaron a firmar.
Es que si bien comentó que se está de acuerdo a que los mandos militares y fuerzas castrenses intervengan en condiciones de emergencia por un periodo determinado y en ciertas situaciones, no se puede permitir la militarización de las fuerzas de seguridad pública, primeramente, dijo, por un cambio legislativo, sino también constitucional.
Más, resaltó, porque los organismos protectores de derechos humanos que revisan el actuar de las policías estatales, quedará de lado y todo se centralizará. “No solo la centralización del mando policial, sino también la centralización de la protección de los derechos humanos (…), quedamos maniatados, porque no será competencia. Ya no podremos intervenir, ni hacer revisión de las policías de los estados”.
Asimismo, consideró como injustificada que la militarización sea por ocho años, debido a que, si bien una hay una ola creciente de violencia por civiles armados, hay una estrategia de combate que está enfocada en la prevención y represión de la conducta antisocial.
