Por GUILLERMO VALENCIA REYES*
El 10 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró enfáticamente que los homicidios dolosos en México disminuyeron 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026. Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 a 50.9 víctimas, lo que representa “36 homicidios diarios menos”. La mandataria proclamó que enero de 2026 fue “el enero más bajo desde 2016”, atribuyendo estos resultados al “trabajo profesional, honesto y dedicado” de su gabinete de seguridad.
Sin embargo, un día antes de estas declaraciones triunfalistas, el 9 de febrero de 2026, la realidad contaba otra historia.
Los datos analizados por el monitoreo hemerográfico en los 32 estados revelan un panorama alarmante: mientras el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), reportó 43 homicidios dolosos para ese día, el seguimiento de la prensa en las entidades federativas documentó al menos 66 casos. Esta diferencia de 23 asesinatos implica una reducción artificial de la incidencia delictiva del 35% en un solo día.
Esta práctica de “contar de menos”, identificada inicialmente en Michoacán —donde en enero al menos 20 homicidios no fueron reportados por la Fiscalía General del Estado ante la CNS—, plantea una interrogante sistémica: ¿estamos ante un modus operandi nacional para sostener narrativas políticas de pacificación?
El análisis estado por estado del 9 de febrero revela un patrón preocupante:
Sinaloa: Reportó oficialmente 2 homicidios, la prensa documentó 9 casos (+7 no reportados, +350% de subregistro)
Michoacán: Reportó 1 homicidio, la prensa documentó 5 casos (+4 no reportados, +400% de subregistro)
Veracruz: Reportó 0 homicidios, la prensa documentó 2 casos (+2 no reportados)
Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora: Cada uno con al menos 1 homicidio no reportado
Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México, Campeche, Durango, Jalisco: Todos con discrepancias entre cifras oficiales y reportes de prensa
De los 32 estados analizados, 12 entidades presentaron subregistro en ese único día. Si extrapolamos esta tendencia, las cifras oficiales que sustentan el discurso de la “reducción del 42%” podrían estar sistemáticamente distorsionadas. Esto no solo cuestiona la “reducción del 42%”, sino que plantea si existe reducción alguna o si simplemente estamos presenciando una mejora en la capacidad de ocultar la realidad.
Para recuperar la confianza en las instituciones y honrar la memoria de las víctimas, es urgente atender las siguientes demandas:
1. Contar debidamente a los fallecidos: Cada víctima de homicidio doloso —y de cualquier delito— debe ser registrada con transparencia y prontitud. El derecho a la verdad comienza con el reconocimiento de la existencia de cada crimen.
2. Criminalización de la manipulación estadística: Se debe tipificar como delito federal el subregistro de indicadores delictivos y cualquier forma de manipulación de cifras de víctimas en el Código Penal Federal. Los funcionarios que alteren, omitan o distorsionen datos sobre violencia deben enfrentar consecuencias penales.
3. Estrategia integral de prevención: Definir y mejorar políticas que atiendan las causas sociales de la violencia: la pobreza, la desigualdad y la corrupción que alimentan el crimen organizado y la inseguridad cotidiana.
4. Cero impunidad: Asegurar que exista un sistema de procuración de justicia efectivo, con recursos suficientes, autonomía real y capacidad técnica para investigar y sancionar cada delito.
5. Transparencia ciudadana: Conformar un comité de transparencia independiente, integrado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y familiares de víctimas, que dé seguimiento caso por caso, día por día, a cada incidente de homicidio doloso en el país. Este organismo debe tener acceso irrestricto a las bases de datos de las fiscalías y capacidad de auditoría.
Los 23 homicidios no reportados del 9 de febrero son 23 familias destruidas, 23 historias truncadas, 23 gritos de justicia que el Estado pretende silenciar con el borrón administrativo. En su memoria, y en defensa de todas las víctimas presentes y futuras, exigimos: ¡Que se cuenten todos! ¡Que no haya más muertos desaparecidos de las estadísticas!
La verdad no es negociable. La justicia no puede construirse sobre mentiras. México merece saber cuántas vidas cobra la violencia cada día. Solo desde esa honestidad brutal podremos construir las soluciones que el país necesita desesperadamente.
El primer acto de respeto a las víctimas es reconocer que existieron.
¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!
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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán
