Por DAMIÁN ARÉVALO OROZCO*
Históricamente el reconocimiento de los derechos sociales ha resultado una dificultad superior para el Estado. A partir de la incorporación de los artículos 5o y 123 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, México ha transitado lentamente en materia de justicia laboral. El primer paso que marcó precedente a nivel mundial fue el reconocimiento y elevación a rango constitucional de los derechos humanos de índole social.
De esta forma se entiende el trabajo como derecho y deber social, excluyéndose de ser considerado como artículo de comercio, con una característica inseparable que es la libertad y respeto de quien lo presta; además, esto implica el reconocimiento de la igualdad para hombres y mujeres, así como de las condiciones labores acordes con la naturaleza humana, permitiendo con ello garantizar mejoras y beneficios para el trabajador y su familia.
Como derecho humano, garantizar el acceso a un trabajo digno, es sumamente complicado cuando se trata de impulsar en el sector privado, dependiendo mucho de las condiciones económicas para generar las fuentes de empleo; con la agravante, además, en la informalidad en que funcionan muchos comercios sin pagar impuestos, negando el acceso a la seguridad social de sus trabajadores.
En el sector público no es la excepción y el acceso a un empleo muchas veces se ve cuestionado por el tráfico de influencias, el nepotismo y la venta de plazas, especialmente en aquellos espacios donde se requiere el cumplimiento con especificaciones y licencia para ejercer determinada profesión.
Es por esto que no deja de llamar la atención el pronunciamiento que realizó recientemente el Gobernador del Estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla para basificar a una gran cantidad de trabajadores de la educación. Acción que, sin lugar a dudas, generará su estabilidad laboral y el acceso a una seguridad social implícita. Esto propiciará un mejor servicio para garantizar otro derecho humano como lo es la educación. Es lo menos que en retribución reclama la sociedad.
Es necesario que los espacios laborales donde se requisita conocimientos, técnicas y habilidades y estudios profesionales lleguen a ser ocupados por personas que cuenten con los merecimientos necesarios. Se necesita confiar en las instituciones y sus autoridades y estas mismas demostrar en los hechos que se han abandonado las prácticas corruptas que generan discriminación laboral y cierran la puerta a profesionistas capacitados y debidamente habilitados, desplazados por otros que no cumplen con el perfil.
Es bien merecido el reconocimiento a los derechos laborales de los trabajadores de la educación en el estado de Michoacán. El derecho humano al trabajo y en el trabajo deben ser prioridades de la función pública; es elemento total de la buena administración que con sus acciones y resultados es evaluada.
La tarea debe ser permanente en materia de educación, a la par con el gasto en infraestructura, debe acompañarse con una política de inversión para el magisterio, en tener un plan de relevo generacional de la planta laboral, con orden y transparencia para superar el rezago educativo de Michoacán.
Desterrar los viejos vicios de contratación es fundamental, a todos los niveles, porque cuando escuchamos que existe venta de plazas, estas no pueden ejecutarse de forma presupuestal si no es con el contubernio de funcionarios corruptos que lo permiten y en ciertos casos fomentado por los mimos.
La educación y el derecho humano al trabajo son interdependientes; por lo tanto, corresponde al Estado reconocerlos, garantizarlos y promoverlos.
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*Damián Arévalo Orozco. Es Licenciado en Derecho por la FDCS de la UMSNH; Maestro en Derecho y Gestión Ambiental por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán; Doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Fue director de la FDCS, donde actualmente es profesor e investigador de tiempo completo.
