La Página
Por PATY TORRES
Morelia, Michoacán.- El compromiso que la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT en el congreso estatal, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, hizo al término del informe por el segundo año legislativo fue continuar diseñando desde este poder “un proyecto de estado más justo, equitativo e inclusivo para todas las realidades sociales de Michoacán”.
Acompañada por sus compañeros Teresa Mora Covarrubias, Salvador Arvizu Cisneros y Baltazar Gaona García, le ex presidenta de la mesa directiva también recordó que en su paso por esta responsabilidad que priorizó la comunicación con los poderes ejecutivo y judicial; lo cual no ocurrió con los representantes de los medios de comunicación.
En su informe la petista asegura que presentó diversas propuestas para mejorar los procesos de áreas estratégicas relativos a la conducción de las sesiones de pleno y para el desarrollo de los trabajos de la secretaría de servicios parlamentarios “durante mi presidencia se sesionó de manera regular y puntual para evitar la parálisis legislativa y la acumulación de temas”.
Entre los logros y pendientes que reconoce Fraga Gutiérrez es no claudicar ni renunciar a la función constitucional de ser poder fiscalizador y revisor “no debemos ser comparsa del poder, sino del pueblo…la ciudadanía michoacana precisa de un poder legislativo que haga frente y contrapeso al desatino del autoritarismo, la opacidad y la discrecionalidad”.
Igualmente reconoce que, en el poder legislativo, se debe trabajar más en marcos normativos preventivos y de alto impacto social y menos en reformar el Código Penal, es un gran pendiente de esta legislatura “en mi agenda siguen siendo prioritarias las iniciativas sobre prevención social de las violencias, educación inicial, protección y conservación de la naturaleza, salud preventiva y refuerzo a los mecanismos de participación ciudadana”.
De allí que se comprometió a seguir trabajando en el despliegue normativo de los derechos humanos de las michoacanas y sus familias, así como en las garantías que el estado deba ofrecer para su ejercicio y disfrute.