La Página
Por: VERÓNICA TORRES MEDRANO
Morelia, Michoacán.- Al menos 200 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán se verían afectados por las implicaciones que tendrá la reforma electoral respecto al plan B aprobado en el Senado de la República el pasado 22 de febrero y que está en la espera retorne a la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente, enfatizó el vocal Ejecutivo de la Junta Local en la entidad, David Alejandro Delgado Arroyo, quien precisó que se espera que 145 recursos humanos presenten amparos laborales y administrativos .
En entrevista, indicó que a nivel nacional se esperan sean miles de amparos que acompañarán las acciones que realizará el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más cuando enfatizó que son varias las inconsistencias con esta reforma electoral y que pone en riesgo la contienda del 2024.
Y es que enfatizó que esta reforma no solo implica el despido de muchos trabajadores que cuentan con la formación necesaria para la realización de las jornadas electorales, sino que también debilita al órgano electoral.
Tan solo el INE, dijo, presentará una controversia constitucional y, mediante la fórmula “amicus curiae”, acompañará las acciones de inconstitucionalidad que presenten los partidos políticos.
“Esperemos que los magistrados de la Corte estén a la altura de este momento histórico y, suspendan a la mayor rapidez los efectos de la norma”, agregó.
Respecto a la reforma electoral, el plan b del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Delgado Arroyo dijo que son múltiples las afectaciones, principalmente con la desaparición de las 300 Juntas Distritales en el país, 12 en Michoacán, para que se resuelva con un vocal operativo en procesos electorales, sin importar o no la capacitación en el tema.
Además de reducir de 100 a 60 días la etapa de capacitación de los servidores y, dijo, la incongruencia de iniciar el proceso electoral en la tercera semana de noviembre y no en septiembre, cuando es este último mes cuando es la campaña más intensa del registro federal de electores.
También la reducción del 13 al 10 por ciento de la lista de insaculados, cuando el 13 por ciento en lo mínimo en estos momentos; además de que los representantes de los partidos políticos podrán ser acreditados 48 horas de la jornada electoral y no una semana para entregarse el listado junto con los paquetes electorales y la sustitución de los mismos en plena jornada electoral.
Además del cese de funciones del secretariado Ejecutivo por una ley y no por el Consejo General, cuando es éste quien lo nombra y, la desaparición de la Junta General Ejecutiva en la Ciudad de México, entre otros.
