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Detecta ASM a 5 empresas factureras que operan para municipios michoacanos

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Por VERÓNICA TORRES MEDRANO


Morelia, Michoacán.- Sin especificar municipios, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) detectó al menos cinco empresas factureras que operan a favor de los Ayuntamientos. Dos casos en el 2020 son investigados ya, donde se detectó transferencias de fondos públicos a cuentas de ex funcionarios y/o particulares por el orden de 2 millones de pesos cada uno.

El auditor estatal, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda informó que Michoacán accederá al Sistema de Atención de Requerimientos de Auditoría (SIARA), luego de un año de prueba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que se podrá acceder de manera directa a los registros bancarios y así, dar con quienes son beneficiados con el desvío de recursos financieros.

En conferencia de prensa, refirió que se han detectado entre cinco a seis empresas factureras en diversos rubros, principalmente comercializadoras y una de vehículos, las cuales siguen operando este 2021 y que tienen domicilio en Guadalajara, Jalisco; Toluca y otros municipios del Estado de México y la Ciudad de México.

Por lo que indicó que será el próximo 28 de diciembre cuando la ASM quede sistematizada, y podrá acceder a los registros bancarios y así dar con aquellas personas y ex funcionarios que se vieron beneficiados con las empresas factureras.

“Una vez sistematizado, captaremos en tiempo real las operaciones (…), ahorita no se nos permite ver hacia donde es la transferencia y si hay más a otros estados de cuenta”, especificó.

En gasto hormiga, puntualizó, se tienen detectados otros asuntos administrativos en comercializadoras que van desde los 50 mil hasta los 200 mil pesos, inclusive del millón 200 mil hasta los 3 millones de pesos.

Asimismo, indicó que se contará con una Unidad Móvil para el Laboratorio de Materiales, lo que permitirá monitorear obras y será la primera en todo el país, obligando a los Ayuntamientos a revisar en tiempo real si la obra está mal en cuanto a resistencia y lo concerniente a los contratos y, en un plazo de 15 días, atender las irregularidades y no esperar a que finalice la misma.

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