La Página

Por VERÓNICA TORRES MEDRANO

Morelia, Michoacán.- El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) inició los trabajos de las ejecuciones extrajudiciales y recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a los hechos de 2017 que se suscitaron en 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Un total de 750 víctimas han sido identificadas.

El titular de la dependencia, Josué Alfonso Mejía Pineda detalló que de las 500 víctimas que identificó la CNDH, la cifra incrementó a 750 luego de iniciar los trabajos el pasado 5 de mayo, pese a que la indicación está desde diciembre de 2020.

Asimismo, especificó que de las 750 víctimas, 60 son consideradas de gravedad y quedan pendientes 350 comuneros de atender.

Comentó que se ha identificado temor y psicosis entre los comuneros, por lo que en esta primera etapa se proporcionará atención psicológica a quien lo requiera de tres a cuatro veces por semana.

“No puedo creer que en pleno Siglo XXI se haya dado la criminalización de una comunidad indígena de esta magnitud”, dijo al precisar que al momento no se puede especificar los montos que se darán para la reparación del daño, y que estos serán hasta concluir con los trabajos.

Entrevistado por separado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que ya se están atendiendo las recomendaciones que emitió la CNDH.

Aunque aclaró que hasta el momento no se ha firmado documento alguno con la comunidad de Arantepacua, toda vez que se tiene que atender todos los requerimientos y haya una satisfacción de la reparación del año para determinar los montos correspondientes.

Sobre la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que no hay avances y será el fiscal General del Estado, Adrián López Solís, quien responda si se separará se abstendrá de atender el caso o separar del cargo para que haya una recomendación clara, toda vez que los hechos se dieron cuando fue secretario de Gobierno y es uno de los acusados por parte de los comuneros de las víctimas y defunciones que se registraron.

A lo anterior, Mejía Pineda reconoció que difícilmente la FGR pueda atraer el tema, pero que se sigue trabajando en el mismo para que haya certeza por parte de los comuneros de que habrá una reparación del daño.

Sobre las medidas de asistencia, señaló que se está dando a 3 viudas y la abuela del menor asesinado. Esto, dijo, se da mediante la atención psicológica de tres a cuatro veces por semana, a fin de que pueda tenerse claridad de la situación que se vive en la comunidad.

En el caso del menor asesinado, señaló que la familia sufrió desintegración, por lo que el Comité no ha tenido contacto con la madre del menor, toda vez que no vive en la comunidad, y todo el trato y vínculo ha sido con la abuela.

Asimismo, indicó que los comuneros están siendo apoyados por tres abogados de la Unidad de Uruapan, a fin de que no se quite el dedo del renglón para que la FGR atraiga el caso.

Fue el 05 de abril de 2017 cuando el Gobierno del Estado realizó un operativo para la recuperación de unidades del transporte privado que la comunidad tenía retenida. Los hechos ocurrieron durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, quien mediante la Secretaría de Gobierno, se dio la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública y a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que intervinieran el lugar con 300 elementos.