Redacción/La Página
Morelia, Michoacán.-Como parte de las medidas emprendidas para fortalecer las acciones de procuración de justicia en beneficio de todos los michoacanos, la PGJE suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a efecto de que las etnias indígenas asentadas en la entidad, cuenten con los servicios de intérpretes certificados cuando sean parte de los procedimientos de averiguación previa.
En este sentido, la institución rectora del Ministerio Público da certeza jurídica a los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las zonas mazahua-otomí, purépecha y náhuatl del estado, proporcionándoles los medios de interpretación y traducción idóneos respecto a indagatorias penales, con apoyo de lingüistas acreditados en la materia.
El convenio de colaboración fue formalizado por el Procurador General de Justicia, Lic. Plácido Torres Pineda, así como por el Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Mtro. Javier López Sánchez, en ceremonia efectuada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, a la que asistieron también el director de la Defensoría de Oficio, Mtro. Ramón Fierra Aviña, y el Lic. Enrique Ruiz Velasco, coordinador de Normas y Políticas Públicas de la Secretaría de Pueblos Indígenas, además de los subprocuradores regionales de Morelia y Uruapan, entre otros funcionarios.
Con lo anterior, los agentes del Ministerio Público Investigadores tendrán acceso en línea al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), dependiente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a través del uso de internet, las 24 horas de los 365 días del año, para disponer de los servicios de traductores e intérpretes certificados, que asistan a las personas de origen indígena que por cualquier circunstancia sean parte de una averiguación previa.
Dicho padrón es un instrumento de apoyo especializado del INALI para obtener información sobre los intérpretes y traductores de lenguas indígenas registrados, con el objetivo de satisfacer la demanda institucional y social de estos servicios, en materia de procuración, administración e impartición de justicia, salud y servicios públicos en general que requiere el país.
Durante su mensaje, el procurador Torres Pineda hizo referencia al historial de los pueblos autóctonos desde la perspectiva constitucional y resaltó que desde fines del siglo pasado se han registrado importantes cambios donde se ha reconocido el carácter pluricultural de la nación mexicana, incorporándose en nuestra carta magna los derechos indígenas y las obligaciones correlativas del estado.
Asimismo, dijo que en este nuevo esquema las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, son directamente obligatorias para toda autoridad, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se establece que deben adoptarse medidas para garantizar que miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin.
Por eso, la PGJE y en INALI acordaron signar el convenio de colaboración, con la seguridad de que esta medida contribuirá a una mejor procuración de justicia, tal y como se ha establecido en el Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2012-2015, que guía la administración del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa.
En su momento, el Director General del INALI, Mtro. Javier López Sánchez, dijo que los cambios introducidos para incorporar los derechos de los pueblos indígenas, iniciaron a partir del año 1992 y no fue sino hasta el 2003 cuando se crea la Ley General de Derechos para los Pueblos Indígenas, que constituye el marco jurídico para el pleno reconocimiento de 364 variantes lingüísticas y 68 grupos indígenas del país, para así promover sus valores étnicos y culturales en los tres niveles de gobierno, además de implementar políticas públicas en favor de las comunidades y pueblos autóctonos nacionales.
Agregó que actualmente se cuenta con un padrón de poco más de 450 traductores debidamente acreditados para apoyar las necesidades de interpretación de los hablantes de lenguas indígenas que enfrenten un proceso judicial. Además podrán acceder al padrón las instituciones de diversa índole, como las de carácter social y educativas, entre otras.
Una vez formalizado el compromiso institucional, de inmediato se iniciaron los trabajos para que los servidores públicos de la Procuraduría conozcan los alcances y operación del convenio, así como las características del sistema informático para el acceso y uso en línea del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
