CEDH Michoacán se suma a pronunciamiento de FMOPDH para que se fortalezcan organismos como CONAPRED Y CEAV

La Página

Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán se suma al pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) para que las autoridades federales reconozcan el papel que desempeñan el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que lejos de desaparecerlas se fortalezcan.

El encargado de Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, comparte que la discriminación es un obstáculo que no permite avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y ha sido a través del trabajo y compromiso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como se ha logrado visibilizar a las poblaciones que se encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad.

Para esta CEDH organismos como el CONAPRED y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), nacieron de una ardua lucha social para brindar acompañamiento a las personas que más lo necesitan; siendo además  promotoras de políticas y acciones que fortalecen los derechos humanos.

A continuación el pronunciamiento completo:

México enfrenta una multitud de desafíos en materia de Derechos Humanos y de seguridad, mismos que se han visto o verán agravados como resultado de la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, es necesario reconocer que existen causas estructurales de esta situación, así como obstáculos claros que no permiten avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos, entre ellas, se encuentra la discriminación, entendida como la acción concreta de negar ese principio básico de igualdad, gracias al cual se establece que todas las personas deben tener los mismos derechos y también las mismas posibilidades de desarrollo.

Ante este fenómeno de la discriminación en el país, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación crea en 2003, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), quien a partir de ese momento ha realizado un importante trabajo de visibilización de las poblaciones en mayor contexto de vulnerabilidad y promoviendo diferentes iniciativas para su atención, así como una labor fundamental en la atención de estas poblaciones, quienes, en muchos casos, como por ejemplo las personas trabajadoras domésticas, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, o las personas migrantes y sujetas de protección internacional, no habían encontrado eco en sus necesidades y mucho menos en sus demandas y propuestas.

A 10 años de la creación del CONAPRED, y en situación similar, encontramos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), conformada a raíz de la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, y ambas producto de una fuerte lucha por parte de las víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil por la creación de una política nacional de atención y acompañamiento en la materia.

La importancia de la CEAV reside en su papel como órgano que pone en el centro de su trabajo a las víctimas, procurando su cuidado desde la reparación integral del daño, atendiendo así aspectos médicos, psicológicos y sociales, y no solo la reparación monetaria. Además, de su fundamental trabajo en la búsqueda de garantías de no repetición, acceso a la verdad y proporcionalidad.

Ambas instituciones, han nacido por y para las personas, por y para esos grupos poblaciones que han sido víctimas históricas de violaciones a derechos humanos, por lo que su trabajo ha permitido contar con información de primera mano sobre las causas estructurales de la violencia y de la violación a los derechos humanos, su cercanía con la gente y su conocimiento sobre los factores que las colocan en mayor contexto de vulnerabilidad, les han permitido ser articuladoras y facilitadoras del diálogo entre las autoridades y la sociedad, así como promotoras de diversas políticas y acciones que fortalecen el enfoque de derechos humanos en los marcos normativos, políticas públicos y sobre todo en la práctica diaria.

Como muestras de las capacidades de diálogo y articulación del CONAPRED, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el valor del Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el CONAPRED firmado en 2018, con el cual se realizó un importante intercambio de información en relación con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en su lucha contra la discriminación. Así mismo, el Sistema de Naciones Unidas en México considera como una relación fructífera y de impacto positivo en las poblaciones las vulnerables del país la relación que se ha establecido conjuntamente instituciones como la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, ACNUR y UNESCO.

Instituciones como el CONAPRED y la CEAV han constituido un apoyo muy importante en la obligación de protección de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos que el Estado debe garantizar, impulsando y acompañando la creación de marcos normativos estatales y la creación de instituciones símil, logrando que 18 estados cuenten con una instancia especializada de atención a la discriminación y que 23 cuenten con Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas.

La Reforma en materia de derechos humanos realizada en 2011 ha buscado fortalecer esta protección, y ha dado mayor pauta para que la defensa de los derechos de las personas no se realice únicamente a través de los medios jurisdiccionales, en los cuales muchas veces las víctimas pueden sentirse más expuestas y vulnerables por el desconocimiento del marco jurídico, así como por los altos índices de corrupción e impunidad que, desafortunadamente, también predominan en este.

Instituciones como CONAPRED, CEAV y sus pares a nivel local, han cumplido con una invaluable labor de difusión, capacitación y protección de los derechos humanos a lo largo de todo el país, así como brindando orientación y protección en aquellos casos en que se presume existe una violación a estos derechos por parte de las autoridades o de las y los servidores públicos.

De igual manera, estas instituciones, de la mano de las propias víctimas, sus familiares y de la sociedad civil, han sido un medio efectivo para lograr la justiciabilidad de los derechos, al tener como fin último, la protección de las personas frente a las acciones u omisiones del Estado.

Bajo este contexto, el combate a la pobreza y la lucha por un México más igualitario solo puede ser alcanzando mediante una línea de trabajo conjunto, un trabajo interinstitucional pero también intersectorial, dando voz y acompañamiento a las víctimas.

Lograr una efectiva interiorización de los derechos humanos, como se lo ha planteado esta administración, solo será posible si las instituciones gubernamentales de todos los niveles de gobierno son efectivas y cuentan con el apoyo para su actuar diario. Para ello, es indispensable el fortalecimiento de instituciones como CONAPRED, CEAV y las 41 instituciones estatales que atienden estos temas, así como tomar en cuenta las lecciones aprendidas y las propuestas que éstas y otras instituciones han realizado a lo largo de varias décadas, reconociendo su trabajo y valiosa experiencia.

En se sentido, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos expresa su reconocimiento y agradecimiento a CONAPRED y CEAV por el trabajo conjunto que a lo largo de sus años de existencia han realizado con ella, así como con las y los organismos públicos de derechos humanos que la conformamos.

Instamos a las autoridades a reconocer la importancia del CONAPRED, la CEAV y las instancias del ámbito estatal en materia de discriminación y atención a víctimas, como instituciones clave en la lucha por los derechos humanos y en el trabajo por alcanzar una sociedad más igualitaria, pacífica y con una vida digna, así como la responsabilidad compartida que el gobierno y la sociedad tienen por seguirlas fortaleciendo y emprender un trabajo articulado que permita unir esfuerzos y robustecer las capacidades para enfrentar los retos que la agenda de derechos humanos plantea en nuestro país.

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