La Página

-Es un tema prioritario en un estado en el que el 19.7% de los hogares existe al menos una víctima de delito.

Morelia, Michoacán.- Desde el Poder Legislativo velaremos por una designación imparcial y con base a perfiles en la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, Presidenta Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición Forzada de Personas y los Desplazamientos Forzados de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Puruándiro, lamentó que el Ejecutivo Estatal haya tardado tanto en emitir la convocatoria respectiva, ya que el periodo de quien se desempeñaba como comisionada de la CEEAV venció desde diciembre pasado.

“El tema de la atención a las víctimas del delito en Michoacán no es un asunto menor, y resulta muy mal mensaje el que se les ha dado al retrasar tanto tiempo el proceso de definición del comisionado”.

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, recordó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública del INEGI, refiere que en el 19.7% de los hogares en Michoacán existe al menos una víctima de delito.

Agregó que la estadística señala que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en Michoacán, es de 16,499 hombres, y 15,780 mujeres, lo que resulta una cifra alarmante.

“Por ello es de suma importancia que desde el Congreso del Estado apuntalemos para fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, velando para que quien la encabece sea una persona con el perfil adecuado y una trayectoria reconocida, no podemos permitir que criterios políticos atenten contra los derechos de las víctimas”.

La diputada integrante de la Representación Parlamentaria recordó que el primer paso para la designación del nuevo titular de la CEEAV correspondía al Ejecutivo del Estado con la emisión de la convocatoria respectiva, a partir de la cual deberá formular una propuesta que sea dictaminada por la Comisión de Justicia del Congreso, para que la decisión final recaiga en el Pleno Legislativo.

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